México
D.F., a 28 de agosto del 2015
LIC.
ENRIQUE PEÑA NIETO
PRESIDENTE
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
PRESENTE
Señor
Presidente,
Las
organizaciones de la sociedad civil que suscribimos la presente nos dirigimos a
Usted con el fin de manifestar nuestra preocupación ante la falta de mecanismos
que propicien el diálogo y la participación en la construcción de la Ley
General contra la Tortura, dirigidos a organizaciones de la sociedad civil,
víctimas, y personas interesadas en la materia.
Como
es de su conocimiento, el pasado 10 de julio se publicó en el Diario Oficial de
la Federación la reforma al artículo 73 que faculta al Congreso a expedir leyes
generales en diversas materias, entre ellas tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes. Dicha Ley General, deberá expedirse dentro de
los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la mencionada reforma.
No
obstante, pese a las demandas que hemos manifestado organizaciones de la
sociedad civil[1] que acompañamos a víctimas de tortura, a fin de contribuir en
la creación de una Ley General que retome los más altos estándares
internacionales en la materia, al momento, no hemos sido informadas sobre los
avances en la elaboración de esta Ley, y tampoco hemos sido convocadas a
contribuir y aportar, desde nuestra experiencia de acompañamiento, en este
debate.
Señor
Presidente, en momentos difíciles como los que definen hoy la situación de
México, la creación de una Ley que aspire a la efectiva prevención,
erradicación y sanción de la tortura, debe inexorablemente ser un ejercicio
democrático que involucre las diversas voces que han demandado en los últimos
años la creación de este marco normativo.
Por
lo anterior, y como parte de un ejercicio de transparencia y rendición de
cuentas, le solicitamos que a la brevedad, se giren las instrucciones
necesarias para que las dependencias encargadas de la construcción de la Ley General
contra la Tortura, informen de los avances de su elaboración y diseñen un
mecanismo que garantice la efectiva y oportuna participación de organizaciones
de la sociedad civil, víctimas y personas interesadas en la materia, el cual
retome las principales preocupaciones y propuestas que surjan de dicho proceso.
En un tema tan sensible e importante para el país, esta participación debe ser
el pilar para la legítima construcción de esta Ley.
Preocupación
particular nos merece que estamos a unos cuantos días que dé inicio el periodo
ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, por lo que desde este momento
manifestamos que una iniciativa del Ejecutivo presentada como preferente podría
ser el inicio de un proceso de imposición de contenidos de la Ley General
contra la Tortura, razón por la cual le exhortamos a que en tanto el proyecto
de Ley no sea consecuencia de un proceso participativo, el mismo no sea
presentado como preferente.
Sin
otro particular, y en espera de su respuesta, le enviamos un saludo.
Atentamente,
Centro
de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Centro de Derechos Humanos de
la Montaña “Tlachinollan”; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC);
Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH);
FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación; Centro de Justicia para la Paz y el
Desarrollo (CEPAD); Comité de Defensa
Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGO DH); Equis Justicia para las
Mujeres; Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE); Instituto
Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Idheas, Litigio Estratégico
en Derechos Humanos, A.C.; Paso del Norte A.C.; Colectivo contra la Tortura y
la Impunidad (CCTI); Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social A.C.;
Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México; Red Nacional de Organismos Civiles
de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 75
organizaciones en 21 estados de la República mexicana); Indignación, Promoción
y Defensa de los Derechos Humanos A.C.; Jass Asociadas por lo Justo A.C.;
Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de
México.
c.c.p.
Miguel Ángel Osorio Chong. Secretario de Gobernación. Para su conocimiento y
atención.
Arely
Gómez González. Procuradora General de la República. Para su conocimiento y
atención.
Roberto
Campa Cifrián. Subsecretario de Derechos Humanos, Secretaría de Gobernación.
Para su conocimiento y atención.
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