- El clima de impunidad e inseguridad se recrudece en el país.
- Suman tres comunicadores asesinados en lo que va del año.
- Un total de 52 en lo que va de la actual administración federal.
En
México se vive una crisis de violencia inédita en contra de periodistas
y defensores de los derechos humanos, también de integrantes de pueblos
originarios y comunidades indígenas, así lo advirtió el Centro de
Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”.
El
abogado José Antonio Lara Duque se mostró preocupado ante el clima de
impunidad e inseguridad que en los últimos meses se recrudece para los
representantes de la libertad de prensa y los defensores de las
garantías individuales en nuestro país.
“Basta
recordar la serie de agresiones que han sido sujeto periodistas en los
últimos días; el asesinato perpetrado en contra de Lourdes Maldonado en
la ciudad de Tijuana; en la misma entidad, pero el 17 de enero, le fue
arrebatada la vida al comunicador gráfico Margarito Martínez Esquivel; y
el asesinato del periodista veracruzano José Luis Gamboa”
“En
lo que llevamos del año —apenas 24 días— suman tres comunicadores
asesinados, y 52 en lo que va de la actual administración de Andrés
Manuel López Obrador; de esta forma nos preocupa que México se ubique
como uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el
periodismo”, expresó.
El
defensor del pueblo, recordó que durante el año pasado, un total de 15
comunicadores fueron privados de la vida, sin que hasta el momento las
autoridades del Estado mexicano logren concluir las investigaciones para
dar con los responsables.
“Sin
duda se registra un aumento en la conflictividad social, que provoca un
aumento en el riesgo que enfrentan quienes defienden los derechos
humanos, por eso nos sumamos al llamado internacional —de los relatores
de libertad de expresión de la ONU— quienes advierten la necesidad de
una respuesta muy específica del gobierno de López Obrador a estas
circunstancias”, dijo.
El
abogado Lara Duque explicó que la construcción de mega-proyectos
(sumamente contaminantes de nuestro medio ambiente), la violencia
exacerbada hacia las mujeres, la constante criminalización de la
organización y protesta social, ha dejado a cientos de personas
desaparecidas, encarceladas o asesinadas por distintos grupos de
interés.
De
igual manera, aseguró, la mercantilización, el aniquilamiento de la
cultura y memoria histórica, así como la precarización del empleo, la
exclusión social-territorial, la falta de acceso a la justicia y, el
acceso a derechos básicos como: vivienda digna, agua, electricidad,
servicios médicos, han hundido al país en una espiral de violencia.
Lara
Duque expresó que los pobladores de las comunidades y pueblos del país
y, particularmente del estado de México, que viven bajo una violación
permanente y sistemática a sus derechos humanos y garantías
individuales, “situación donde hay que poner un énfasis ya que se
avecina el inicio de la sucesión en esta entidad”.
A
manera de ejemplo, recordó los actos de intimidación, así como la
amenaza de muerte que ha sufrido el periodista Emir Olivares del diario
“La Jornada”; la intimidación a los comunicadores del “Semanario Zeta”
por parte del gobierno de Baja California, que encabezó Jaime Bonilla el
año pasado.
“Nosotros,
en carne propia, hemos recibido una serie de amenazas de muerte por
nuestra actividad al defender los derechos humanos en nuestro país”.
“Hacemos
un llamado urgente al presidente Andrés Manuel López Obrador y al
titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto Hernández
López para que garanticen la libertad de prensa en nuestro país;
claudicar a que la sociedad reciba información de primera mano sobre los
actos públicos hace retroceder a México y a su sociedad”, advirtió.
“Es
urgente contar con un protocolo integral (administrativo, legislativo,
judicial) de protección a personas defensoras (entendiendo a toda
persona que actúe en la defensa de los derechos humanos en un sentido
amplio y pacífico, sin necesidad de estar adscrito a una organización o
asociación, o estudios profesionales previos) que tenga como evitar la
posible agresión o criminalización del Estado”, demandó.
